
Estamos dejando que se repita la historia, que se nos escape de las manos la chance de construir un nuevo país. Contabilizamos 702 líderes sociales y 135 ex combatientes asesinados desde la firma del acuerdo de paz. Mientras la indiferencia y la impunidad vuelven a ser la constante en nuestro país.
Hablo como líder social, con las dificultades que afronto cada día para levantarme y tomar la decisión de buscar soluciones a los problemas que la ciudadanía cartagüeña me transmite. Siento una responsabilidad inmensa con personas que encuentran en mí, Víctor Álvarez, el canal para acercarse al Estado.
Quizá no estoy en la misma posición de Francia Márquez, lideresa de las comunidades afro del Cauca que defienden su territorio, quien fuera víctima de un atentado hace pocos días. O de quienes se encuentran en las comunidades donde el conflicto social y armado ha sido más intenso.
Pero siento no solo la solidaridad, sino también la misma zozobra, porque he manifestado ante la Fiscalía y la Unidad Nacional de Protección, los riesgos que una ciudad como Cartago afronta para el ejercicio del liderazgo social y político. Como ya lo hemos visto en múltiples ocasiones. ¿Qué se puede esperar del Estado entonces?
El mismo Estado que ha sido incapaz de proteger la vida de esas 800 personas asesinadas, bajo el manto de la impunidad, después de que el mismo Estado prometiera una paz estable y duradera. Por más reparos que el gobierno actual tenga a los acuerdos, la vida de todos los colombianos debe ser salvaguardada, incluyendo a quienes en su momento se alzaron en armas.
Cartago, como parte de este “Macondo grande” que es Colombia, también merece la paz. Merece que todos sus hijos e hijas no repitan la misma suerte que las generaciones anteriores, donde la vida no tenía valor alguno. Merece acabar con estos “cien años de impunidad”.

