De micos, orangutanes y otros demonios en la reforma política
Por Víctor Alfonso Álvarez Mejía
Cada nuevo periodo presidencial trae su reforma política. ¿Qué se juega el gobierno y los partidos políticos en el debate de esta nueva reforma política? ¿A quiénes beneficia y a quiénes perjudica? micos, orangutanes y demonios empiezan a aparecer.
El 11 de agosto, la ministra Nancy Patricia Gutiérrez, radicó ante el Congreso la reforma política, entre otras iniciativas legislativas, como parte de la apuesta política del nuevo gobierno. La propuesta inicial tenía como ejes: la eliminación del voto preferente, la celebración de primarias al interior de los partidos, la creación de listas paritarias por género y la independencia económica del Consejo Nacional Electoral.
Sin embargo, pasados ya dos debates en el Congreso han surgido micos, orangutanes y demonios que, como en cada período legislativo, aparecen sacados del sombrero de los congresistas para servir a sus intereses. Los micos más polémicos, que se fueron sumando a este proyecto, fueron la del transfuguismo, la escisión de partidos a partir de 25% de las curules en el Senado y la de determinar la quinta parte del presupuesto nacional vía Congreso y Departamento Nacional de Planeación. Las dos primeras ya se hundieron en el segundo debate, pero el último de estos micos sigue vivo y genera suspicacias, al asomarse el fantasma de los cupos indicativos.
También, se intentaba incorporar propuestas de la pasada Consulta Anticorrupción como limitar el número de períodos consecutivos en cargo de elección popular a tres, la cual ya fue archivada en la Cámara de Representantes por 69 sobre 53 votos. La ex senadora, Claudia López culpabilizó al gobierno Duque por la falta de apoyo a la iniciativa y señaló el incumplimiento de lo acordado, después de la votación de más de 11 millones de colombianos a favor de esta propuesta.
En medio de estas discusiones, la Corte Constitucional falló contra el senador y ex candidato presidencial, Gustavo Petro. Quien perdería su curul y estaría inhabilitado por tener dos sanciones de la Contraloría, ambas bajo amparo de medidas cautelares, por más de 300 mil millones de pesos. Si las sanciones properacen en el Consejo de Estado, el líder del movimiento Colombia Humana se vería obligado a pagar estas sanciones o como él ha señalado aceptar su muerte política.
Ciertamente, es paradójico que mientras se discuten las reformas para democratizar nuestro sistema electoral, el líder de la oposición esté al borde de semejante jugada que fuera orquestada por sus adversarios, cuando éste fuera alcalde de Bogotá. En este mismo sentido, cursa en el Congreso la propuesta de unificación de los períodos electorales, mediante la prórroga por dos años más de los actuales mandatos de alcaldes, concejales, diputados y gobernadores. Evidenciando el interés de frenar el avance político de la oposición en los territorios, procurando el mantenimiento del control que ostentan hegemónicamente grupos cercanos a Germán Vargas Lleras, César Gaviria y Álvaro Uribe en las capitales del país.
Cabe preguntar, tras la aprobación del Estatuto de la Oposición y la masiva votación de la Consulta Anticorrupción. ¿Por qué nuestras instituciones vuelven a cerrar las vías hacia el goce de una democracia amplia y vigorosa?¿Acaso mediante la reforma política y la prórroga de los períodos de alcaldes y gobernadores no iríamos en vía contraria?